Legislación sobre la accesibilidad en viviendas


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Legislación sobre la accesibilidad en viviendas

El 4 de diciembre de 2017, según la ley vigente, fue la fecha límite para completar las obras que facilitaban el acceso a personas con discapacidad en las viviendas. Probablemente, podremos ver como más edificios eliminan barreras arquitectónicas los próximos meses –aunque fuera de plazo- ya que la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas que se aprobó en el año 2013 por la cual obligaba a los edificios a facilitar la accesibilidad en viviendas a todas las personas a zonas comunes daba de margen hasta 4 de diciembre del 2017 para realizar las obras de adaptación.

¿Cuándo el edificio es accesible para personas con discapacidad?

Para que se considere un edificio accesible, se debe contar con rampas, sillas mecánicas o ascensores, lo que se necesite para una movilidad cómoda y autónoma. Las viviendas deben estar adaptadas a la ley, ya que de lo contrario pueden someterse a una sanción por parte de la administración.

¿Por qué puede haber sanciones?

Nos referimos sobre todo a la Ley 15/1995 de límites al dominio sobre inmuebles para la eliminación de barreras arquitectónicas que obliga a las comunidades de propietarios a  la ejecución de obras o dotación de servicios comunes para la supresión de barreras.

¿Quién paga la rehabilitación o adaptación?

Si el coste de las obras no es superior a 12 mensualidades de gastos comunes, la Comunidad debe ejecutarlas y costearlas; si supera este importe solo está obligada si lo acuerdan la mayoría de los propietarios (representada por el 51% de las cuotas de participación). Si no se consigue una mayoría, se pronunciará el Juez Competente en un plazo de 20 días.

En el primer caso, tienen que costearlo todos sin excepción, incluso los que han votado en contra. Se paga el costo de las modificaciones arquitectónicas conforme al porcentaje de participación de la división horizontal de la vivienda y no según quienes hagan mayor uso de ello.

Uno de los habituales problemas para los vecinos de las comunidades de vecinos es el precio del montaje de ascensores que puede ser elevado de acuerdo al presupuesto limitado de algunas comunidades. Siempre es recomendable comprobar si hay ayudas para la instalación de ascensores.

Subvenciones y ayudas para adaptar el edificio a personas con movilidad reducida

Los ayuntamientos y comunidades autónomas cuentan con partidas presupuestarias para colaborar en este gasto, aunque podrían conceder la subvención a comunidades de vecinos y después dejarla sin efecto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, un peligro que hay que tener en cuenta.

Hay que tener en cuenta que la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas hizo algunos cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, como que no se necesita votar para la instalación del ascensor si la petición la hace algún vecino que presente algún tipo de discapacidad física o mayor de 70 años ya se trate de propietarios, trabajadores o personas que prestan servicios voluntarios en la comunidad. Eso sí, los gastos anuales de la obra no deben sobrepasar las 12 mensualidades ordinarias descontadas subvenciones y ayudas públicas.

Plazos para realizar las obras de rehabilitación

Cabe destacar que no hay un soporte que ordene los tiempos de ejecución de los acuerdos, lo que hace que se dependa de la buena voluntad de los vecinos en este caso. Si se retrasa o no se materializa el acuerdo, la única solución es acudir a un juez o denunciar la situación ante la Consejería de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de residencia o ante el Servicio de Urbanismo Municipal de la Localidad correspondiente.

¿Y si no cabe el ascensor? ¿Dónde queda entonces la accesibilidad en viviendas?

Otro de los inconvenientes podría ser la falta de espacio para la instalación del ascensor, algo que se podría solventar de diferentes formas entre las que el último recurso es instalar el ascensor en la vía pública.

Pese a esto, hay pocos edificios con ascensor, de hecho el INE nos muestra que solo el 6,3% de inmuebles tiene ascensor, mientras que el 22,1% tiene las herramientas necesarias para permitir la accesibilidad en viviendas.

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